Ley de mediación

La Disp. Final 20ª modifica varios preceptos de la Ley 4/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esta reforma va en consonancia con el nuevo régimen introducido en el Capítulo I del Título II, sobre medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

Se modifica el art. 1 de la Ley, introduciendo una nueva definición de mediación: Se entiende por mediación aquel medio adecuado de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

Se modifica el art. 4, en lo relativo a los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad y su reinicio o reanudación:

1. El precepto indicaba que la solicitud de inicio de mediación suspendía la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador o el depósito ante la institución de mediación, en su caso. Ahora matiza los efectos para una y otra institución: respecto a la prescripción supone interrupción (y, por tanto, el plazo vuelve a contar desde el inicio), mientras que para la caducidad supone suspensión (y, por tanto, el plazo se reanuda desde el punto temporal en que se hubiera paralizado).
2. Se amplían los supuestos en los que se reinicia o reanuda (según el plazo sea de prescripción o caducidad) el cómputo: que en el plazo de 15 días naturales desde la fecha de la recepción de la solicitud por el mediador o la institución mediadora no se hubiera intentado por estos la comunicación con la otra parte; así como en el caso de que en el plazo de 15 días naturales desde la recepción de la propuesta por la parte requerida o desde el intento de comunicación si dicha recepción no se produce, no se mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

Habida cuenta de que la Ley ha introducido el requisito de procedibilidad en determinados procesos, es decir, la necesidad de acudir previamente a un medio extrajudicial de resolución de controversia como paso previo a la interposición de demanda, se modifica el art. 6 de la Ley de mediación en este sentido. Igualmente, se reforma el art. 403.2 LEC, que pasa a contener, entre las causas de inadmisión de la demanda, la no manifestación de los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias (cfr. art. 399.3.II LEC). Por tanto, el art. 6 de la Ley de mediación suprime la afirmación de que la mediación es voluntaria: ahora pasa a ser obligatoria en determinados supuestos como paso previo al ejercicio de acciones judiciales. Así:

1. A efectos procesales, se entenderá cumplido este requisito con la celebración, al menos, de una sesión inicial ante el mediador, siempre que quede en ella constancia del objeto de la controversia y de los demás requisitos establecidos en el artículo 17. A dicha sesión habrán de asistir las partes, personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con facultad para transigir, si se trata de personas jurídicas.
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

En congruencia con el requisito de procedibilidad, se modifica el art. 9, relativo a la confidencialidad de la mediación: ésta sigue siéndolo como regla general, pero está exento de tal confidencialidad la información relativa a si las partes acudieron o no a mediación y el objeto de la controversia, a fin de poder acreditar cumplido tal requisito de procedibilidad. Asimismo, se añaden dos excepciones más a la no obligación de declarar el mediador: a los supuestos de dispensa por todas las partes y de solicitud por el Juez en causa penal se añaden los supuestos de impugnación de tasación de costas y su solicitud de exoneración o moderación, o cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona.

Se añade un apartado 4 en el art. 11, que exige que los mediadores estén inscritos en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores habilitados por las CCAA.

Se añade, asimismo, un segundo párrafo en el art. 13.1, recogiendo la posibilidad de asistencia de los Abogados de las partes a las sesiones de mediación, que será consensuado con las partes y el mediador. La inasistencia de los Abogados a alguna de ellas no invalidará el procedimiento de mediación cuando así se haya acordado.

Se modifica el art. 16, relativo a la solicitud de inicio: a los supuestos ya contemplados de común acuerdo entre las partes o por una de ellas en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación se añaden: por una de las partes antes del ejercicio de acciones judiciales y en cumplimiento del requisito de procedibilidad del art. 403.2 LEC o por derivación judicial o del Letrado de la Administración de Justicia, previa conformidad de las partes. En este último supuesto, las partes designarán un mediador o institución de mediación de los recogidos en los Registros de mediadores y, si no llegasen a un acuerdo en el plazo de cinco días, se nombrará el que por turno corresponda. La no aceptación por el mediador designado en primer lugar, salvo que sea justificada, se entenderá como renuncia automática a la designación efectuada, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en que pueda incurrir por razón de dicha negativa.

El art. 17 en su nueva redacción pasa a regular la sesión inicial. De este régimen destacamos:

1. La inasistencia injustificada de cualquiera de las partes da por cumplido el requisito de procedibilidad.
2. Deber de información por el mediador de las causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia, así como de las características de la mediación, coste, organización del procedimiento, consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar y plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
3. La certificación del mediador, a petición de cualquiera de las partes, a los efectos de justificar el cumplimiento del requisito de procedibilidad.

En consonancia con el nuevo régimen implantado, se modifica el art. 19, relativo a la sesión constitutiva, donde se dejará constancia del programa de actuaciones y duración máxima prevista (sin perjuicio de su posible modificación), la información de su coste o de las bases para su determinación, la declaración de aceptación voluntaria por las partes, y el lugar de celebración y la lengua del procedimiento. De la sesión constitutiva se levantará acta en la que consten estos aspectos, firmada por las partes y el mediador. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.

Se modifica el art. 20, relativo a la duración del procedimiento. El principio de brevedad y concentración en el mínimo número de sesiones queda referido exclusivamente para las mediaciones en que no sea preciso cumplir con el requisito de procedibilidad. Para estas otras, no excederá de 3 meses desde la recepción de la solicitud por el mediador.

Finalmente, se modifica el número 2 de la Disp. Final 8ª, relativo a la formación de mediadores: las Administraciones Públicas competentes determinarán la duración y contenido mínimo del curso o cursos a realizar por los mediadores y su formación continua. En particular, con módulos de igualdad, detección de violencia de género, discapacidad, infancia y diversidad sexual o relativos a personas con edad de 65 o más años. El régimen de aseguramiento de la responsabilidad civil del mediador se mantiene en desarrollo reglamentario por el Gobierno (ACT).