A partir del 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 sobre medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia, será obligatorio recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) antes de presentar una demanda. De este modo, las partes deberán intentar resolver su conflicto de forma extrajudicial antes de someterlo a un juez.
La nueva normativa considera como MASC cualquier actividad de negociación de buena fe, incluyendo la negociación directa (con o sin asesoramiento legal), la mediación, la conciliación, la opinión de un experto independiente, la presentación de una oferta vinculante confidencial o el uso del derecho colaborativo.
El propósito de esta reforma es fomentar la resolución pacífica de conflictos y reducir la sobrecarga judicial, promoviendo acuerdos extrajudiciales. Esta estrategia ya ha demostrado ser efectiva en países como Estados Unidos y Francia, donde ha contribuido a la descongestión de los tribunales.
Existen algunas excepciones a esta obligación, como los casos de emergencia, la protección de menores y la defensa de derechos fundamentales. No obstante, en el ámbito civil y mercantil, incluidos los conflictos transfronterizos, la utilización de los MASC será un requisito ineludible.
Para dar cumplimiento a esta exigencia, la parte demandante deberá acreditar que ha intentado resolver el conflicto adjuntando a la demanda un certificado de intento de resolución extrajudicial.
El legislador es consciente de que esta obligación podría convertirse en un simple trámite formal. Para evitarlo, se han previsto sanciones ante rechazos injustificados a participar en los MASC, que podrán influir en la imposición de costas procesales o derivar en multas si se detecta un abuso del sistema judicial.
Además, la normativa refuerza la derivación intrajudicial, permitiendo que los jueces sugieran o incluso ordenen el uso de MASC en fases avanzadas del procedimiento, incluidas las apelaciones y ejecuciones.
Como hasta ahora, los acuerdos alcanzados en estos procedimientos podrán ser homologados judicialmente, adquiriendo así el mismo valor legal que una sentencia firme.
Estas modificaciones impactarán significativamente en la práctica profesional de los despachos de abogados, que deberán adaptar sus estrategias y procedimientos prejudiciales para evitar consecuencias negativas para sus clientes y optimizar el uso de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos.