Facilitación Procesal Galicia · Memoria de impacto social y accesibilidad
Memoria de impacto social y accesibilidad
La presente memoria analiza el impacto potencial de la creación del Registro Gallego de Facilitadores Procesales y del correspondiente Curso de Facilitador/a Procesal (120 h), especialmente en relación con: la accesibilidad a la justicia, la inclusión de personas con discapacidad y la mejora de la experiencia de usuario en el Servicio Público de Justicia en Galicia. Se integran, además, las buenas prácticas del Tercer Sector y de entidades de referencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo.
Finalidad de la memoria: ofrecer a la Xunta de Galicia una visión clara y argumentada
de cómo la facilitación procesal puede traducirse en mejoras tangibles para las
personas con discapacidad y para el sistema de justicia en su conjunto.
1. Contexto y necesidades a las que responde la propuesta
1.1. Marco normativo y social
De la norma a la práctica real
- La Ley 8/2021 consolida el derecho de las personas con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica con apoyos adecuados.
- El RD 193/2023 reconoce la figura del personal experto facilitador como herramienta específica para garantizar la participación efectiva en procesos judiciales.
- El Plan Justicia 2030 y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 insisten en la necesidad de construir una justicia más accesible, comprensible y humana.
- En Galicia, la presencia de un tejido asociativo sólido en el ámbito de la discapacidad (Plena inclusión, FADEMGA, entidades locales, etc.) aporta un contexto especialmente favorable para desarrollar dispositivos de apoyo específicos.
1.2. Brecha entre derechos y realidad
Dificultades detectadas
- Dificultades de comprensión de citación, escritos, resoluciones y vistas por parte de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- Situaciones de tensión, estrés y desorientación de las familias en su relación con la Administración de Justicia.
- Ausencia de un dispositivo estructurado y especializado de apoyos comunicativos y relacionales durante los procedimientos.
- Dependencia excesiva de la buena voluntad individual de operadores jurídicos y entidades sociales, sin un marco estable y reconocido de intervención.
Diagnóstico: existe un desajuste entre el elevado nivel de protección
formal que reconoce la normativa y los apoyos concretos disponibles para las personas
con discapacidad en su contacto cotidiano con la justicia.
2. Impactos esperados en accesibilidad, inclusión y experiencia de usuario
La puesta en marcha del Registro Gallego de Facilitadores Procesales y del curso asociado supone impactos diferenciados en varios niveles: personas usuarias, operadores jurídicos y sistema de justicia.
2.1. Impactos principales por ámbito
Resumen de impactos esperados
| Ámbito | Situación actual | Mejora esperada con la facilitación procesal |
|---|---|---|
| Accesibilidad a la justicia | Comprensión limitada de documentos, lenguaje jurídico complejo, falta de apoyos estables y homogéneos. | Disponibilidad de apoyos personalizados, materiales adaptados y profesionales formados que actúan como puente comunicativo. |
| Inclusión de personas con discapacidad | Presencia formal en el procedimiento, pero con dificultad real para participar activamente en decisiones relevantes. | Mayor participación efectiva en entrevistas, vistas y decisiones, respetando la autonomía y preferencias de la persona. |
| Experiencia de usuario | Sensación de desorientación, miedo o desconfianza hacia la justicia, especialmente en familias y entornos de apoyo. | Acompañamiento relacional y comunicativo que reduce el estrés, mejora la confianza en el sistema y la percepción de trato digno. |
| Operadores jurídicos | Carga adicional al intentar adaptar, sin herramientas específicas, su comunicación a personas con gran necesidad de apoyo. | Apoyo de un perfil especializado que complementa su trabajo, liberando recursos y permitiendo centrarse en la función jurídica. |
| Sistema de justicia | Procedimientos más largos y complejos cuando la comunicación no es fluida; riesgo de vulneración de derechos. | Procesos más ágiles, comprensibles y garantistas, con menor riesgo de nulidades por falta de comprensión y mejor ajuste a la normativa vigente. |
Idea clave:
la facilitación procesal no es solo una mejora “social” o “ética”; es también un factor
de calidad y eficiencia para el propio sistema de justicia, al reducir conflictos derivados
de la incomprensión y reforzar la seguridad jurídica.
3. Colectivos beneficiarios y enfoque de derechos
3.1. Personas beneficiarias directas
Quién se beneficia en primer lugar
- Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que participan en procedimientos judiciales.
- Personas con trastornos de la comunicación o del espectro autista con especial necesidad de apoyos.
- Menores con discapacidad implicados en procesos de familia, tutela, acogimiento u otros procedimientos de jurisdicción voluntaria.
- Víctimas y testigos con discapacidad que requieren un acompañamiento específico durante declaraciones y vistas.
3.2. Beneficiarios indirectos
Entorno familiar y operadores
- Familias y personas de apoyo que ven reforzada la protección de derechos de su familiar con discapacidad.
- Profesionales de servicios sociales, entidades del Tercer Sector y centros residenciales que trabajan en coordinación con la justicia.
- Operadores jurídicos (judicatura, fiscalía, abogacía, personal de justicia) que disponen de un recurso técnico adicional para garantizar la accesibilidad.
- El conjunto de la ciudadanía, al fortalecerse la confianza en el sistema judicial como servicio público inclusivo.
Enfoque de derechos: la propuesta se alinea con la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el paso de un modelo asistencial a
un modelo de derechos, apoyos y participación activa.
4. Integración de buenas prácticas del Tercer Sector y entidades de referencia
El diseño de la propuesta se nutre de la experiencia acumulada por el Tercer Sector en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo. En particular, se tienen en cuenta las metodologías y enfoques de entidades de referencia como Plena inclusión, FADEMGA y el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), entre otras.
4.1. Enfoques y herramientas incorporadas
De la práctica social a la práctica judicial
- Uso de lectura fácil y materiales adaptados para explicar procedimientos, roles y consecuencias de las decisiones.
- Incorporación de apoyos visuales (pictogramas, esquemas, líneas de tiempo sencillas) inspirados en experiencias de accesibilidad cognitiva.
- Metodología centrada en la persona y su proyecto de vida, más allá del expediente judicial concreto.
- Trabajo coordinado con familias y profesionales de referencia de la persona con discapacidad.
4.2. Alianzas y cooperación
Red de colaboración en Galicia
- Posibilidad de establecer convenios de colaboración entre la Xunta de Galicia, ESFEM, UNED Ourense y entidades del Tercer Sector.
- Participación de profesionales del Tercer Sector como docentes invitados en el Curso de Facilitador/a Procesal.
- Diseño de itinerarios de derivación y coordinación entre servicios de justicia y entidades sociales.
- Reconocimiento de las entidades de discapacidad como agentes clave en la evaluación del impacto real del Registro.
Valor añadido: la integración sistemática de estas buenas prácticas evita que
la facilitación procesal sea un “experimento aislado” y la vincula a una trayectoria
consolidada de apoyos a la discapacidad en Galicia.
5. Indicadores de impacto y sistema de seguimiento
Para garantizar que el Registro Gallego de Facilitadores Procesales cumple sus objetivos, se propone un sistema básico de indicadores cuantitativos y cualitativos que permita evaluar su impacto a medio plazo.
5.1. Indicadores cuantitativos
Medir la actividad y el alcance
- Número de facilitadores/as procesales formados e inscritos en el Registro.
- Número de actuaciones de facilitación realizadas por año, desglosadas por orden jurisdiccional.
- Número de personas con discapacidad atendidas con apoyo de facilitador/a.
- Número de juzgados y servicios que han hecho uso del recurso de facilitación.
- Tasa de finalización y aprovechamiento del Curso de Facilitador/a Procesal (120 h).
5.2. Indicadores cualitativos
Valorar la calidad y la satisfacción
- Encuestas de satisfacción de las personas con discapacidad y sus familias respecto al apoyo recibido.
- Valoración de operadores jurídicos sobre la utilidad de la figura del facilitador en casos complejos.
- Informes de entidades del Tercer Sector sobre la coordinación con los facilitadores procesales.
- Análisis de casos en los que la facilitación haya sido determinante para evitar vulneraciones de derechos o mejorar la comprensión de decisiones relevantes.
Propuesta: constituir una Comisión Técnica de Seguimiento que
revise periódicamente estos indicadores y formule recomendaciones de mejora.
6. Conclusiones: valor social y oportunidad para Galicia
6.1. Síntesis del impacto
Más que una lista: un sistema de apoyos
- El Registro Gallego de Facilitadores Procesales, acompañado del Curso de 120 h, crea un sistema estructurado de apoyos a la participación de personas con discapacidad en la justicia.
- Contribuye de forma directa a la efectividad de la Ley 8/2021 y del RD 193/2023, pasando de la norma a la práctica real en los juzgados gallegos.
- Mejora la experiencia de usuario del Servicio Público de Justicia, reduciendo la sensación de indefensión y desorientación.
- Refuerza la imagen de Galicia como comunidad comprometida con la accesibilidad, la inclusión y la innovación social en la administración de justicia.
6.2. Propuesta a la Xunta de Galicia
Un paso decidido hacia una justicia inclusiva
- Impulsar, en colaboración con ESFEM, el Centro Asociado de la UNED en Ourense, Punto de Mediación y el Tercer Sector, un proyecto piloto de facilitación procesal.
- Utilizar los resultados de dicho piloto para definir los criterios de acceso, funcionamiento y evaluación del futuro Registro Gallego de Facilitadores Procesales.
- Incorporar a las entidades de discapacidad en la gobernanza y evaluación del modelo, asegurando que responde a las necesidades reales de las personas.
- Convertir esta iniciativa en un referente estatal en el desarrollo de apoyos a la capacidad jurídica y a la accesibilidad a la justicia.
En resumen: la facilitación procesal, articulada a través de un Registro Gallego y
de una formación sólida como la propuesta, es una inversión con alto retorno social, jurídico y
organizativo, que coloca a Galicia en la vanguardia de la justicia inclusiva.